El pasado día 16 de junio entró en vigor la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tras tan rimbombante título se esconde la convalidación legal del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre.

En la ley se incluyen toda una serie de medidas destinadas a potenciar la rehabilitación de edificaciones y que se despliegan por la vía de diversas modificaciones normativas.

Quizá por su previsible mayor impacto, la medida estrella del texto legal sea el establecimiento de deducciones fiscales en IRPF, Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio con respecto a las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que supongan mejoras de la eficiencia energética de la vivienda habitual o arrendada.

Se trata de deducciones que llegan en plena crisis energética y en un momento de gran concienciación sobre la necesidad, no ya solo ambiental, sino también económica, de reducir el gasto energético de nuestros hogares.

Se trata de deducciones que van desde el 20% por obras que reduzcan un 7% la demanda de calefacción y refrigeración en la vivienda habitual, un 40% obras que reduzcan un 30% el consumo de energía no renovable en vivienda habitual, o un 60% por obras que mejoren la calificación energética del edificio hasta la ‘A’ o ‘B’.

Estas deducciones pueden hacer muy interesante que en una reforma de vivienda en curso se estudie la posibilidad de que aquellos elementos de la obra que van a ser sustituidos (v.gr. ventanas) reúnan características que nos permitan aspirar a estas reducciones del consumo energético.

Aislar la vivienda ya no responde exclusivamente a la comodidad de uso, sino que torna una decisión  que puede suponer un evidente rendimiento económico a medio o incluso corto plazo, atendidas las deducciones expuestas y el importante ahorro en suministros energéticos cada vez más caros.

La batería de medidas aprobadas no acaba en la vertiente fiscal, sino que también han introducido reformas en la LPH que faciliten la toma de acuerdos de las comunidades de propietarios, reduciendo las mayorías necesarias para aquellos acuerdos tendentes a la mejora de la eficiencia energética de nuestros edificios.

En definitiva se trata de medidas bien encaminadas y que por una vez parecen ser adoptadas en el momento más adecuado, en el que la coyuntura mundial está poniendo de manifiesto la necesidad perentoria de que nuestros hogares sean más eficientes que nunca.

Un artículo de Juan Fernández